La CNMC reclama más competencia, transparencia y menos burocracia en la red pública de recarga eléctrica. Los usuarios continúan pagando las consecuencias de la falta de regulación efectiva
La movilidad eléctrica se presenta como una pieza imprescindible para avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible. Sin embargo, el desarrollo del vehículo eléctrico en España sigue encontrando un obstáculo que no está en la tecnología ni en la autonomía de los coches. Hablamos del propio funcionamiento del mercado. La reciente nota de prensa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirma que la expansión de los puntos de recarga eléctrica públicos continúa frenada por algunos factores. Entre otros, un exceso de burocracia, un mercado con escasa competencia y una preocupante falta de transparencia que perjudica directamente a los consumidores.
El organismo regulador advierte de que la infraestructura de recarga eléctrica presenta un elevado grado de concentración. También, de que existen importantes barreras para la entrada de nuevos operadores. A ello se suman unos procedimientos administrativos excesivamente complejos y una regulación fragmentada entre distintas administraciones que ralentiza la instalación de nuevos puntos de recarga. La consecuencia es evidente: menos oferta, menor competencia y precios menos favorables para quienes han apostado por la movilidad eléctrica.
Desde ADICAE consideramos especialmente relevante que la CNMC sitúe al consumidor en el centro de sus recomendaciones. La institución reconoce que la escasa transparencia en las tarifas y en las condiciones del servicio dificulta comparar precios y elegir la opción más conveniente. Si el usuario no puede conocer con claridad cuánto va a pagar antes de conectar su vehículo, la competencia deja de funcionar y el mercado pierde uno de sus principales mecanismos de protección para el consumidor.
La Comisión propone las siguientes medidas: simplificar la normativa, crear ventanillas únicas para agilizar la instalación de nuevos puntos de recarga, reforzar la coordinación entre administraciones, fomentar la interoperabilidad de los sistemas de pago y mejorar la información disponible para los usuarios. Solo con un mercado más abierto y transparente será posible incrementar la oferta y favorecer una reducción de precios.
Pero mientras esas reformas llegan, quienes utilizan un vehículo eléctrico siguen enfrentándose a numerosos inconvenientes. Uno de los más habituales es la fragmentación de los servicios de recarga. En la práctica, muchos conductores necesitan disponer de varias aplicaciones móviles para activar los cargadores de diferentes operadores, registrarse en múltiples plataformas o introducir distintos métodos de pago. Una situación difícilmente justificable en un mercado que aspira a convertirse en una alternativa masiva al vehículo de combustión.
Frente a esta realidad, existen algunas herramientas que ayudan a localizar puntos de recarga en España sin depender de una única empresa. Entre las soluciones públicas destaca Ruta-E, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que reúne información oficial sobre miles de puntos de recarga. También la plataforma REVE, desarrollada por Red Eléctrica, permite consultar el estado de los cargadores de alta potencia. Junto a las herramientas públicas, existen plataformas independientes que reúnen en un único mapa los puntos de recarga de distintos operadores. Estas aplicaciones permiten al usuario localizar cargadores disponibles, consultar su estado e incluso planificar rutas, paliando parcialmente la fragmentación del mercado que denuncia la CNMC. No obstante, su proliferación evidencia precisamente la ausencia de un sistema único e interoperable que facilite el acceso a todos los puntos de recarga
El precio de la recarga en la red pública sigue siendo una de las principales preocupaciones para los usuarios del vehículo eléctrico. Cada operador aplica sus propias tarifas y estas cambian en función de la potencia del punto de recarga. Esto que genera diferencias de precio muy significativas. Las estaciones de carga rápida y ultrarrápida, imprescindibles para los desplazamientos de larga distancia, pueden aplicar precios de entre 0,45 y 0,79 euros por kilovatio hora. En consecuencia, una recarga de unos 40 kWh puede alcanzar fácilmente entre 18 y más de 30 euros.
Sin embargo, el verdadero problema para los usuarios no es únicamente el importe de la recarga. Sino la dificultad para comparar precios antes de utilizar un punto de suministro. Precisamente por ello, la CNMC insiste en reforzar la transparencia, facilitar la comparabilidad de las tarifas y avanzar hacia sistemas interoperables que permitan elegir la opción más económica con la misma facilidad con la que hoy se comparan los precios de los carburantes.
Además, existe una diferencia que muchos consumidores desconocen. Mientras el precio de la electricidad en el hogar puede beneficiarse de las bajadas del mercado mayorista —especialmente durante la madrugada o cuando existe una elevada producción de energías renovables—, las tarifas de los puntos públicos suelen permanecer prácticamente invariables. Los operadores fijan precios comerciales estables que no reflejan las oscilaciones del coste real de la energía. Por ello, el usuario apenas percibe las reducciones del precio de la electricidad cuando necesita recargar en la red pública.
Como asociación de consumidores, entendemos que la transición energética solo tendrá éxito si se construye sobre criterios de competencia real, información transparente y protección efectiva de los derechos de los usuarios. No basta con incentivar la compra de vehículos eléctricos. También resulta imprescindible garantizar que quienes ya han realizado esa inversión puedan acceder a una red de recarga amplia, sencilla de utilizar, con sistemas interoperables y con precios comprensibles y comparables.
La CNMC ha puesto sobre la mesa lo evidente, un mercado más competitivo beneficia a toda la ciudadanía. Ahora corresponde a las administraciones convertir esas recomendaciones en medidas concretas que eliminen trabas administrativas, favorezcan la entrada de nuevos operadores y sitúen los intereses de los consumidores, por delante de las inercias del mercado. Porque la movilidad eléctrica no puede convertirse en un nuevo ámbito donde la falta de competencia termine pagándola, una vez más, el consumidor.
