La vuelta del IVA al 21% en luz y gas incrementará la presión sobre millones de consumidores en un contexto de pérdida continuada de poder adquisitivo
La retirada progresiva de las rebajas fiscales aplicadas a los suministros energéticos marca un nuevo punto de inflexión para la economía de los hogares españoles. Tras meses de alivio parcial en las facturas de electricidad y gas, el regreso del IVA al tipo general del 21% vuelve a trasladar a los consumidores el peso de una crisis energética que, lejos de desaparecer, continúa condicionando el coste de vida y la estabilidad económica de millones de familias.
El Gobierno ha comenzado a desactivar parte del denominado “plan anticrisis” aprobado para contener el impacto de la escalada energética derivada de las tensiones internacionales y del encarecimiento de las materias primas. La medida afecta directamente a la electricidad, el gas natural y otros combustibles domésticos, que vuelven a tributar al tipo ordinario después de meses de fiscalidad reducida. Esta decisión supondrá un incremento inmediato de las facturas energéticas de los hogares, con subidas cercanas a los diez euros mensuales en el recibo de la luz y de hasta cinco euros en el gas.
El problema, sin embargo, trasciende el mero encarecimiento de los suministros. La energía constituye uno de los principales motores de la inflación y cualquier aumento en los costes eléctricos o de combustibles termina trasladándose al conjunto de la economía. Transporte, producción, distribución y alimentación dependen directamente del coste energético, de manera que el impacto final acaba repercutiendo sobre la cesta de la compra y sobre el consumo cotidiano de las familias.
Algunas previsiones sitúan la inflación cerca del 4% durante los próximos meses si se consolida la retirada de las medidas fiscales de contención. La preocupación resulta especialmente relevante en un momento en el que muchos hogares todavía no se han recuperado del anterior ciclo inflacionista y continúan soportando hipotecas más elevadas, alquileres crecientes y un aumento persistente del precio de los alimentos.
La situación es aún más delicada para las familias con menores ingresos, que destinan una parte desproporcionada de su presupuesto a cubrir necesidades básicas. La electricidad y el gas han dejado de ser gastos complementarios para convertirse en elementos estructurales de la economía doméstica. Cada subida, por pequeña que parezca, reduce capacidad de ahorro, limita el consumo y agrava la vulnerabilidad económica de miles de consumidores.
ADICAE considera que la retirada acelerada de estas rebajas fiscales evidencia la fragilidad del sistema de protección al consumidor frente a la volatilidad energética. La asociación lleva tiempo advirtiendo de que las medidas temporales no pueden sustituir a una política estructural que garantice precios razonables, transparencia tarifaria y mecanismos eficaces de defensa de los usuarios.
Porque el problema no es únicamente fiscal. El mercado energético continúa generando enormes dudas desde el punto de vista de la competencia y de la supervisión. La propia CNMC mantiene abiertas investigaciones sobre posibles prácticas anticompetitivas en el sector energético relacionadas con precios excesivos y limitaciones de acceso a infraestructuras. La existencia de estas investigaciones incrementa la preocupación social sobre el funcionamiento real de un mercado que afecta directamente a derechos básicos de los consumidores.
A ello se suma una realidad que suele pasar desapercibida: el enorme volumen de reclamaciones energéticas. Solo en 2024, cerca de un millón de consumidores presentaron reclamaciones relacionadas con la electricidad y casi 388.000 lo hicieron en el sector del gas. Resulta especialmente significativo que casi el 80% de las reclamaciones resueltas mediante Juntas Arbitrales de Consumo terminaran siendo favorables a los usuarios. Este dato refleja no solo la complejidad del sistema energético, sino también la frecuente situación de desventaja en la que se encuentran los consumidores frente a las grandes compañías.
Nuestra asociación insiste en que la protección del consumidor debe ocupar una posición central en cualquier política energética. La energía no puede seguir tratándose exclusivamente como una mercancía sometida a la lógica del mercado cuando constituye un servicio esencial para la vida cotidiana y para la cohesión social.
El encarecimiento energético, además, coincide con cambios en los hábitos de consumo provocados precisamente por la pérdida de poder adquisitivo. El auge de la marca blanca, la búsqueda constante de promociones y la reducción del gasto familiar reflejan un deterioro evidente de la capacidad económica de buena parte de la población.
En este contexto, resulta imprescindible reforzar las medidas de supervisión, ampliar la transparencia sobre la formación de precios y garantizar mecanismos ágiles de reclamación y arbitraje. También será necesario vigilar que el retorno del IVA al 21% no termine alimentando nuevas dinámicas especulativas o incrementos desproporcionados en los suministros.
La desactivación de las rebajas fiscales puede suponer un alivio recaudatorio para las administraciones, pero amenaza con convertirse en un nuevo factor de presión económica para los hogares. Y cuando la energía se encarece, no solo suben las facturas: se deteriora el consumo, aumenta la desigualdad y se debilita la capacidad de millones de familias para sostener una vida digna.