Cada año, el Día de la Educación Financiera vuelve a situar sobre la mesa la importancia de conocer cómo funcionan el ahorro, el crédito, la inversión o los productos bancarios. Desde ADICAE, con más de 35 años de trayectoria en la defensa de los consumidores, consideramos necesario ir un paso más allá y reivindicar una educación financiera concebida desde una dimensión colectiva, como herramienta para reforzar los derechos de las personas consumidoras y como un instrumento de transformación social.
Una verdadera educación financiera no puede limitarse a enseñar a desenvolverse dentro del mercado: debe proporcionar herramientas para comprenderlo, cuestionarlo y ejercer derechos frente a él.
Educar financieramente no significa formar mejores clientes para las entidades. Significa formar personas consumidoras críticas, informadas y capaces de decidir con autonomía.
Por ello, ADICAE reivindica una educación financiera independiente de los intereses comerciales, sustentada en información clara y comprensible y orientada a corregir los desequilibrios que todavía existen entre consumidores y entidades financieras. Una formación que enseñe a comparar, detectar riesgos y abusos, prevenir el sobreendeudamiento y, sobre todo, reclamar cuando los derechos no son respetados.
Pero hablar hoy de educación financiera obliga también a formular una pregunta que con demasiada frecuencia queda fuera del debate: ¿todas las personas parten realmente de las mismas condiciones para tomar decisiones económicas?
Desde el Grupo de Trabajo Mujer y Consumo de ADICAE consideramos necesario ampliar esta reflexión e incorporar el análisis de las desigualdades económicas, laborales y sociales que condicionan la capacidad de tomar decisiones financieras en igualdad de condiciones.
Conocer el mercado para poder ejercer derechos
Comprender cómo funciona una hipoteca, una cuenta bancaria, un préstamo, una tarjeta, un seguro o una inversión es imprescindible. Pero conocer un producto financiero no puede significar simplemente aprender sus características técnicas.
La educación financiera debe permitir saber qué se firma, cuánto cuesta, qué riesgos comporta, qué derechos existen y qué hacer cuando surge un problema.
Frente a contratos extensos, terminología compleja y procesos de contratación cada vez más digitalizados, la transparencia no puede consistir únicamente en poner información a disposición del consumidor. Esa información debe ser comprensible y clara para que las personas consumidoras puedan valorar adecuadamente las condiciones y tomar decisiones de manera consciente.
Tampoco puede confundirse educación financiera con promoción comercial. Quien comercializa un producto tiene interés en venderlo; quien educa debe proporcionar instrumentos para analizarlo críticamente. De ahí la importancia de una formación independiente de los intereses de las entidades financieras y vinculada a la defensa de los derechos de los consumidores.
No todas las personas deciden desde el mismo punto de partida
La educación financiera emitida desde las entidades financieras suele hablar de ahorro, inversión y planificación como si las decisiones económicas dependieran exclusivamente de la voluntad individual. La realidad es mucho más compleja.
Los ingresos, la estabilidad laboral, el coste de la vivienda, las responsabilidades familiares y de cuidados, la edad, la discapacidad, el lugar de residencia o el acceso a las tecnologías condicionan las posibilidades económicas reales.
Incorporar una perspectiva feminista supone hacer visibles esas condiciones.
Las desigualdades laborales y económicas condicionan de forma directa la capacidad de ahorro, la acumulación de patrimonio y las pensiones futuras. Los cuidados, la parcialidad y las interrupciones laborales tienen un coste económico que no puede ignorarse.
Por eso, hablar de educación financiera exige partir de una realidad básica: no todas las personas disponen del mismo margen para ahorrar, planificar o decidir.
Autonomía económica: saber, decidir y controlar
Una educación financiera que incluya a todas las realidades debe aspirar a algo más profundo: reforzar la autonomía económica.
Esa autonomía no se reduce a disponer de ingresos propios. Supone conocer la situación económica personal y familiar, disponer de información y documentación y participar efectivamente en las decisiones que pueden condicionar el presente y el futuro.
¿Sabemos qué cuentas y productos están a nuestro nombre? ¿Conocemos las consecuencias de figurar como titulares, cotitulares o avalistas? ¿Tenemos acceso a los contratos, seguros y préstamos familiares? ¿Participamos en las decisiones económicas del hogar?
Preguntarse quién conoce, quién firma, quién decide y quién asume las consecuencias económicas también es hacer educación financiera.
Especial atención merecen los avales y las garantías. Una firma realizada en un determinado contexto familiar puede comprometer durante años el patrimonio de quien avala. Conocer sus consecuencias antes de asumir ese compromiso no es una cuestión secundaria: es una condición indispensable para poder decidir libremente.
El endeudamiento no puede explicarse solo desde la responsabilidad individual
Prevenir el sobreendeudamiento es uno de los grandes objetivos de la educación financiera. Pero hacerlo desde una perspectiva crítica exige huir de discursos que responsabilizan exclusivamente al consumidor.
El recurso al crédito puede responder a la falta de ingresos suficientes, la precariedad laboral, el coste de la vivienda, los cuidados o la necesidad de afrontar gastos imprevistos.
En ese contexto, tarjetas revolving, microcréditos, financiación rápida o fórmulas de “compra ahora y paga después” pueden transformar gastos ordinarios en deudas prolongadas.
Educar financieramente significa advertir de estos riesgos, pero también analizar las circunstancias que llevan a recurrir al crédito y exigir una comercialización responsable a quienes lo ofrecen.
La digitalización tampoco puede dejar a nadie atrás
La banca digital ha transformado nuestra relación con los servicios financieros. Ha aportado rapidez y comodidad, pero también ha creado nuevas barreras.
El cierre de oficinas, la reducción de la atención presencial y el traslado de operaciones a aplicaciones y plataformas digitales pueden agravar las dificultades de personas mayores, residentes en zonas rurales, personas con discapacidad o con menores competencias digitales.
La formación y la prevención del fraude son imprescindibles, pero la respuesta no puede consistir en exigir que toda persona consumidora se adapte sin más al modelo impuesto por el mercado.
La digitalización debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la digitalización.
Una educación financiera para transformar, no solo para adaptarse
La educación financiera es una herramienta necesaria, pero no puede utilizarse para desplazar toda la responsabilidad hacia quien consume.
Las entidades financieras deben asumir sus obligaciones en materia de transparencia, accesibilidad y comercialización responsable. Las administraciones deben garantizar una protección efectiva y mecanismos de reclamación eficaces. Y las asociaciones de consumidores debemos seguir defendiendo espacios de formación independientes y críticos.
Desde el Grupo Mujer y Consumo de ADICAE proponemos, por tanto, ampliar la mirada.
Hablar de ahorro es preguntarse quién puede ahorrar y en qué condiciones. Hablar de crédito es analizar por qué se contrae una deuda y quién acaba soportándola. Hablar de pensiones exige reconocer el impacto económico de los cuidados. Y hablar de autonomía económica obliga a preguntarse quién dispone realmente de información, capacidad de decisión y control sobre sus propios recursos.
En este Día de la Educación Financiera, ADICAE reivindica una educación financiera que no se limite a enseñar a las personas consumidoras a adaptarse al mercado, sino que contribuya también a hacer el mercado más transparente, equilibrado y justo.
Porque estar informado no consiste únicamente en conocer mejor un producto financiero. Significa disponer de las herramientas necesarias para comprender, decidir, cuestionar y defender nuestros derechos con autonomía.
Por eso, ADICAE sigue apostando por una formación continua, a través de campañas, talleres y charlas dirigidas al conjunto de la ciudadanía, que fomente la participación activa de las personas consumidoras y contribuya a una educación financiera accesible, inclusiva y adaptada a las distintas realidades y necesidades.
Más información, más derechos, más autonomía y más igualdad.
