El adelanto electoral del 29 de noviembre frustra por segunda vez la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo fundamental para poner fin a las dificultades que encuentran millones de consumidores al reclamar frente a bancos y aseguradoras.
Una vez más, la protección de los consumidores financieros queda en segundo plano. La disolución de las Cortes Generales vuelve a paralizar la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, una reforma que debía representar un importante avance para equilibrar las relaciones entre los consumidores y las entidades financieras.
El nuevo organismo estaba concebido como una ventanilla única para canalizar las reclamaciones frente a bancos, aseguradoras y entidades de inversión, con capacidad para emitir resoluciones vinculantes en determinados conflictos de hasta 20.000 euros y resolver las reclamaciones en menos de 90 días. Un mecanismo que permitiría a miles de afectados defender sus derechos sin verse obligados a afrontar largos y costosos procedimientos judiciales.
Sin embargo, lo que para los consumidores supone una herramienta necesaria de protección, buena parte del sector bancario ha mostrado su reticencia a la creación de dicho organismo, lo que pone de manifiesto las resistencias que siguen encontrando las iniciativas destinadas a reforzar los derechos de los usuarios frente a los abusos bancarios.
Después de años de reclamaciones y conflictos derivados de prácticas abusivas como las cláusulas suelo, las participaciones preferentes o los gastos hipotecarios, es especialmente preocupante que España continúe sin tener un mecanismo de resolución de reclamaciones verdaderamente eficaz y vinculante. La experiencia de ADICAE en la defensa colectiva de miles de afectados demuestra la necesidad de avanzar hacia instrumentos que eviten que la vía judicial sea en muchas ocasiones la única alternativa para recuperar el dinero de los consumidores.
El adelanto electoral también deja pendientes otras reformas relevantes, como la nueva regulación del crédito al consumo, destinada a limitar los intereses abusivos y reforzar la protección frente al sobreendeudamiento, especialmente en productos como las tarjetas revolving y los préstamos rápidos.
La protección de los consumidores financieros no puede seguir aplazándose legislatura tras legislatura. ADICAE lleva tiempo reclamando la puesta en marcha de mecanismos eficaces, accesibles e independientes que garanticen que los derechos de los usuarios no dependan de su capacidad económica para enfrentarse judicialmente a las grandes entidades.
La creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero debe dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad. Los consumidores necesitan soluciones y garantías efectivas, no más espera mientras los abusos financieros siguen sin encontrar una respuesta suficientemente eficaz.
