La compraventa de viviendas cae un 7,6 % en mayo y encadena cinco meses a la baja

Compraventa de vivienda en España

El mercado inmobiliario comienza a dar síntomas de agotamiento en España. La compraventa de viviendas registradas acentuó su caída en mayo hasta el 7,6 % interanual, su quinto mes consecutivo a la baja. En total, contabilizó 56.468 transacciones, según datos oficiales del Colegio de Registradores. Las operaciones descendieron en todas las comunidades autónomas a excepción de Andalucía (+4,3%), que también se alzó como la región que más compraventas registró con un volumen superior a las 12.000 operaciones.

En este sentido, sólo dos CC. AA. han registrado incrementos de compraventas totales (viviendas e inmuebles) durante el mes de mayo. Se trata de Andalucía (+4,7%) y Canarias (+3,1%), mientras que Ceuta se ha mantenido igual que en 2025. Por su parte, con los mayores descensos se sitúan Melilla (-34,7%), La Rioja (-22,7%), Navarra (-18,6%) y Cantabria (-15,3%).

Por otro lado, las hipotecas han aumentado, al constituirse más de 55.800 operaciones en mayo, un 2,1% más que en el mismo mes de 2025. Del total de hipotecas, 41.988 se han constituido sobre viviendas, lo que, en cambio, supone un descenso del 0,5% interanual. Este dato supone la primera caída de este indicador en casi dos años.

En este apartado, los aumentos se producen en seis comunidades autónomas y descienden en el resto. Entre los mayores aumentos, destacan Navarra (+32,8%), Ceuta (+13,7%) y Canarias (+13,3%). Por su parte, los descensos más acusados se contabilizan en Melilla (-27%) y en Cantabria y Baleares (en ambos casos -20,8%).

Los registradores valoran que la evolución de las hipotecas muestra una desaceleración más tardía y menos acusada que la observada en el número de compraventas.

En línea con diversos analistas, para ADICAE esta caída en las compraventas puede achacarse a la expulsión de consumidores del mercado hipotecario por el encarecimiento de la financiación y unos precios aún muy elevados. Por ello, reclamamos una intervención más decidida de las Administraciones públicas que priorice el uso social de la vivienda frente a su consideración como activo de inversión.

Entre las medidas necesarias, el impulso de un parque público de vivienda suficiente, el control efectivo de prácticas abusivas en la financiación hipotecaria y una mayor transparencia en los precios, así como políticas que frenen la escalada de costes y garanticen el acceso estable a la vivienda para los consumidores.

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