Los efectos de la guerra en Irán están tensionando la economía de las familias, que luchan para hacer frente a la subida de los precios y la crisis de la vivienda
El coste de la vida, la inflación, también se incrementará durante 2027, afectando a toda la cadena de suministros. Así de claro lo expresaba la semana pasada el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Un escenario que amenaza con reducir aún más la capacidad económica de los hogares, especialmente los de menor renta. Durante el primer trimestre de 2026, su ahorro se ha reducido a la tasa más baja en tres años para mantener el nivel de gasto.
El banco central español ya actualizó hace unos días su previsión de alza en los precios para 2026, aumentándolo en seis décimas, hasta el 3,6%. La entidad relaciona, principalmente, este encarecimiento generalizado con el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras estratégicas. Dos acontecimientos que han reducido el suministro de petróleo y gas desde los países del Golfo Pérsico.
De nuevo, los efectos colaterales de este lejano conflicto han recaído en las economías domésticas. Precisamente, en un momento en el que los hogares españoles ya estaban tensionados por un escenario económico adverso. Según la Agencia Tributaria, en nuestro país un 37% de los trabajadores apenas percibe el salario mínimo —1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas—. O incluso menos, al no trabajar a jornada completa.
De forma asociada, más de un tercio de los hogares (36,4%) no dispone de un colchón para imprevistos económicos. Tampoco puede permitirse una semana de vacaciones al año, según datos del INE correspondientes a 2025. Este organismo considera que un hogar tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando puede cubrirlos con sus propios recursos. Es decir, sin necesidad de recurrir a préstamos ni a compras a plazos para pagar desembolsos habituales que antes se abonaban al contado.
El empeoramiento de las economías domésticas
España se ha consolidado como la economía que más crece entre las grandes potencias del continente. La Comisión Europea estima que nuestro país lo hará en un 2,4% este año y en un 1,9% para 2027. Sin embargo, esta mejora macroeconómica no ha tenido una traslación directa en la realidad cotidiana de los hogares españoles. Muchas familias continúan enfrentándose a una fuerte presión sobre su capacidad adquisitiva.
Esta fragilidad se refleja en indicadores como el aumento de los micropréstamos, que se dispararon un 46% el año pasado respecto a 2024, según datos de la Asociación Española de Micropréstamos (Aemip): de 2,6 millones de operaciones a 3,8 millones. El importe medio se situó en 322 euros, lo que confirma que este tipo de recursos se utilizan de forma mayoritaria para cubrir necesidades de liquidez de pequeño tamaño. Y un síntoma del riesgo creciente de vulnerabilidad financiera y situaciones de endeudamiento para los hogares más frágiles en España.
Además, es preciso prestar especial atención a las condiciones en que se conceden estos micropréstamos. Muchos de ellos aplican intereses elevados, que lindan con la usura. Esto puede convertir una solución temporal en una carga económica persistente y generar un efecto ‘bola de nieve’ entre los hogares con menor margen de maniobra.
La vivienda, un nuevo foco de tensión financiera
En este contexto, la vivienda se mantiene como el principal problema en nuestro país, según el CIS. Y, entre las muchas aristas de este problema, está el de la financiación. Porque la inflación no sólo encarece la cesta de la compra. También erosiona el ahorro y obliga a las familias a asumir más crédito para poder acceder a una casa.
Cuando este endeudamiento coincide con tipos altos —en hipotecas variables—, plazos largos y cuotas que absorben una parte excesiva de los ingresos, se crean un factor de riesgo que puede desembocar en el sobreendeudamiento.
En definitiva, la combinación de todos los factores mencionados representa una tormenta perfecta para las familias, al reducir su capacidad para mantener una estabilidad económica y poder tener efectos importantes en su bienestar financiero.
Por todo ello, desde ADICAE seguimos reivindicando la necesidad de adoptar medidas que protejan a las familias frente a la escalada de costes y la vulnerabilidad financiera. Es imprescindible que las instituciones actúen para garantizar que la recuperación económica beneficie a toda la ciudadanía y no solo a unos pocos, evitando que la inflación y el endeudamiento descontrolado sigan agravando la desigualdad y poniendo en riesgo la seguridad económica de los hogares más vulnerables.
