Además de las ayudas a los combustibles, ha anunciado la retirada progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que dejará de aplicarse en 2028
El Gobierno ha prorrogado este lunes, 29 de junio, en un Consejo de Ministros extraordinario, el paquete de medidas para amortiguar en España el impacto del conflicto en Irán. El cambio de fecha —habitualmente, se celebran los martes— ocurre porque mañana decaen las medidas aún vigentes del anterior escudo anticrisis.
El Ejecutivo ha confirmado que la reducción en el IVA de los combustibles (del 21% al 10%) se sustituirá por un descuento gradual descendente. Este servirá de ayuda para el consumidor durante los meses de verano. De esta forma, de los 15 céntimos por litro de julio, se pasará a un descuento de 10 céntimos en agosto y de cinco céntimos en septiembre. La retirada total se producirá en octubre. En cualquier caso, las ayudas de 20 céntimos por litro regresarían si el precio de los carburantes se disparase de nuevo.
El Gobierno ha explicado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desarrollará un sistema de seguimiento de los márgenes en gasolineras. El objetivo de esta medida es detectar posibles anomalías en el comportamiento de los precios en las estaciones.
En el plano más estructural, se ha anunciado la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Se irá reduciendo de forma escalonada de aquí al año 2028, momento en el que desaparecerá definitivamente. Según las estimaciones, podría ayudar a reducir hasta en un 6% la factura de la luz en los hogares españoles.
No obstante, la electricidad continuará gravándose a un tipo del 21%, tal y como ya venía sucediendo desde el pasado 1 de junio. Tampoco continúa la reducción del impuesto especial de la electricidad, que ha regresado al 5% desde el 0,5% excepcional de las últimas semanas.
Como todo real decreto ley, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y las medidas entrarán en vigor de manera inmediata. Posteriormente, se iniciará un plazo de 30 días para superar el examen parlamentario y ver si el Congreso lo convalida o lo deroga.
Este real decreto —de tres meses de vigencia— contiene un apoyo fiscal de más de 1.800 millones de euros. A ellos habría que sumar otros 2.700 millones por el descenso en la recaudación para 2027 y 2028 por la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica.
Desde ADICAE, valoramos positivamente cualquier medida que alivie la presión económica sobre hogares y consumidores de nuestro país. En este sentido, consideramos que cualquier retirada de ayudas debe vincularse estrictamente a la evolución real de los precios y a su impacto en las economías domésticas, evitando tomar decisiones basadas únicamente en plazos.
Por último, queremos destacar el refuerzo de la supervisión sobre los márgenes de las gasolineras. E insistimos en que este seguimiento se traduzca en las sanciones correspondientes ante cualquier práctica especulativa u oligopólica en el incremento de los precios.
