España mantiene un uso del dinero en efectivo superior al de la media de la zona euro, aglutinando un 57% de las transacciones en el punto de venta por esta vía, y una buena infraestructura de cajeros automáticos. Sin embargo, afronta un riesgo elevado de exclusión monetaria, según el I Índice de Salud del Efectivo en Europa (CHIE), elaborado por Denaria Europe.
En este sentido, el Termómetro de Aceptación del Efectivo (CAT) clasifica a España en nivel ámbar, con una puntuación de 66,4 puntos sobre 100. Como consecuencia, se desprende que la aceptación del dinero físico presenta riesgos y requiere un estrecho seguimiento y protección, según este informe.
Además, el Índice de Riesgo de Exclusión Monetaria (MERI) otorga a España una puntuación de 57,3, considerada elevada. Este indicador mide la vulnerabilidad de la población ante una eventual reducción en las infraestructuras de acceso al dinero en metálico. Considera factores como el envejecimiento de la población, el riesgo de pobreza, la cobertura de cajeros automáticos o la presión sobre el ecosistema del efectivo.
El efectivo continúa siendo el principal medio de pago para el 79% de las personas mayores de 64 años en España. Además, su uso gana peso en el medio rural. En municipios de menos de 5.000 habitantes, el porcentaje de ciudadanos que lo emplean como medio principal de pago subió hasta el 72% en 2025.
Por otro lado, unas 435.000 personas —equivalentes al 0,9% de la población española— no tienen acceso al efectivo. Entre otros motivos, debido a la desaparición de oficinas bancarias, la distancia hasta los cajeros automáticos o las comisiones de algunos bancos cuando sus clientes utilizan terminales de otras entidades. Esto obliga a los consumidores a desplazarse para localizar un cajero gratuito, con un impacto especialmente severo sobre los colectivos más vulnerables. Puede ser el caso de adultos mayores, personas con discapacidad o con menores competencias digitales.
En el conjunto de la eurozona, Austria encabeza la clasificación con un índice de salud del efectivo de 88,7 puntos sobre 100. En el extremo opuesto, se sitúan Países Bajos (27,4), Bélgica (29,7) y Finlandia (33,1), que registran las peores puntuaciones. El estudio también concluye que los países más avanzados en la digitalización de los pagos son, en muchos casos, quienes presentan más riesgo para determinados colectivos.
Desde ADICAE, queremos recordar que pagar en efectivo dentro de los límites que fija la normativa tributaria en España es un derecho de los consumidores que no siempre puede ejercerse, debido a la negativa de empresas e instituciones. Por ello, reclamamos medidas efectivas para garantizar la aceptación del efectivo y el mantenimiento de una red suficiente de cajeros y oficinas en nuestro país. Especialmente entre determinados colectivos, para los cuales el dinero físico tiene una importancia muy elevada.
