ADICAE advierte de que la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la falta de ahorro están estrechando el margen económico de los consumidores, especialmente de los hogares vulnerables.
Informes recientes sobre la evolución de la economía española prevén una inflación media del 3,8% en 2026 y una subida del precio de la vivienda del 12%. Sin embargo, se prevé que los salarios crezcan muy por debajo, por lo que los hogares con menos renta apenas tendrán capacidad de ahorro.
La economía española mantendrá un crecimiento positivo en 2026, pero los consumidores se enfrentan a un escenario cada vez más complicado. La subida del precio de productos y servicios básicos, como la energía, los alimentos y la vivienda, amenaza con reducir aún más la capacidad económica de los hogares, especialmente la de aquellos con menor renta, ya que no cuentan con niveles de ahorro suficientes para absorber nuevas subidas de precios.
Aunque los principales datos económicos pueden parecer positivos, no reflejan necesariamente la situación real que atraviesan muchos consumidores. Las previsiones apuntan a que el PIB crecerá un 2,4% en 2026 y un 2,1% en 2027, mientras que el empleo seguirá aumentando y la tasa de paro podría bajar hasta el 9,9%. Sin embargo, esta evolución convive con un escenario de mayor presión para los hogares: la inflación repunta, la vivienda continúa encareciéndose y la capacidad de ahorro se distribuye de forma muy desigual entre la población. Por ello, el crecimiento económico no garantiza por sí solo una mejora efectiva en la vida de los consumidores, especialmente cuando los gastos básicos crecen a un ritmo superior al de los ingresos.
La inflación no afecta a todos los hogares por igual, ya que, para las familias con menor nivel de renta, una subida en el precio de los alimentos, la energía o el transporte tiene un impacto mucho mayor que para los hogares con más capacidad económica, dado que estos gastos básicos representan una parte más elevada de su presupuesto mensual. En este contexto, las previsiones apuntan a una inflación media del 3,8% en 2026, impulsada especialmente por el encarecimiento de la energía y de los alimentos, sobre todo los frescos, con tasas superiores al 7%. Se trata de productos esenciales, difíciles de sustituir o reducir, por lo que los hogares vulnerables tienen mucho menos margen para ajustar su gasto y protegerse frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Además, la falta de ahorro agrava aún más esta situación. El 10% de los hogares más pobres presenta una tasa de ahorro negativa, lo que significa que gasta más de lo que ingresa, mientras que el siguiente 10% con menor renta no consigue ahorrar nada. En estas condiciones, cualquier subida en el precio de la luz, la cuota hipotecaria, el alquiler o la cesta de la compra puede traducirse rápidamente en endeudamiento, retrasos en el pago de recibos o renuncia a gastos básicos. La ausencia de un colchón económico convierte cualquier shock de precios en un problema de vulnerabilidad financiera para miles de consumidores.
En este contexto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Tras subir un 11,2% en 2025, las previsiones apuntan a un nuevo incremento del 12% en 2026 y del 5,7% en 2027, muy por encima de la evolución esperada de los salarios, que crecerán solo entre el 3% y el 4%. Esta brecha entre ingresos y precios dificulta cada vez más el acceso a una vivienda asequible, tanto en compra como en alquiler, y expulsa a muchos hogares del mercado residencial. La vivienda ya no puede abordarse únicamente como un problema inmobiliario: es también un problema de consumo, de endeudamiento familiar y de derechos básicos.
El impacto directo para los consumidores se traduce en una mayor dificultad para llegar a fin de mes, una reducción de la capacidad de ahorro y un aumento del riesgo de endeudamiento. La presión sobre los hogares puede derivar en retrasos en el pago de suministros, alquiler, hipoteca o préstamos, así como en la renuncia a consumos básicos o necesarios. Además, esta situación puede incrementar la dependencia del crédito al consumo y dejar a muchas familias más expuestas a prácticas abusivas o a la contratación de productos financieros inadecuados. Para ADICAE, este escenario exige reforzar la protección de los consumidores, ya que la falta de margen económico puede empujar a numerosos hogares hacia soluciones financieras de riesgo, como créditos rápidos, financiación cara o endeudamiento recurrente para cubrir gastos ordinarios.
Ante este escenario, ADICAE reivindica la adopción de medidas específicas para los consumidores vulnerables, el refuerzo del bono social y de las ayudas energéticas, un mayor control de las prácticas abusivas en el crédito al consumo y más transparencia en los precios, la financiación y las condiciones hipotecarias. Asimismo, la asociación considera imprescindible avanzar en políticas reales de vivienda asequible y reforzar la educación financiera y el asesoramiento preventivo.
La asociación recuerda a los consumidores que, ante dificultades para afrontar pagos, subidas de cuotas, problemas hipotecarios, créditos al consumo o situaciones de sobreendeudamiento, es fundamental buscar asesoramiento especializado antes de aceptar nuevas financiaciones o soluciones que puedan agravar su situación económica. Actuar con información y apoyo previo puede evitar decisiones precipitadas, reducir el riesgo de endeudamiento excesivo y ayudar a defender adecuadamente los derechos de los consumidores.
