ADICAE reclama que los consumidores no paguen la expansión de los centros de datos, pese a los nuevos límites energéticos y ambientales planteados por el Gobierno.
España quiere convertirse en uno de los grandes centros de datos de Europa. Inteligencia artificial, servicios en la nube y digitalización prometen inversiones millonarias, pero detrás de esa «nube» hay instalaciones físicas que necesitan enormes cantidades de electricidad, capacidad de las redes, suelo y agua.
Es una gran instalación que alberga miles de servidores y equipos informáticos que almacenan, procesan y transmiten enormes cantidades de información. Son la infraestructura física que hace posibles servicios que utilizamos a diario como la nube, las redes sociales, el comercio electrónico, el streaming o la inteligencia artificial. Aunque muchas veces hablamos de servicios digitales como si fueran algo inmaterial, detrás existen edificios que funcionan prácticamente las 24 horas y que necesitan electricidad para alimentar los equipos y sistemas de refrigeración para evitar su sobrecalentamiento.
El Gobierno acaba de plantear una regulación específica para limitar ese impacto. Es un avance, pero desde ADICAE consideramos que existe una pregunta que todavía necesita una respuesta contundente:
¿quién va a hacer realmente el esfuerzo de esta transformación: las empresas que obtendrán el beneficio económico o los ciudadanos?
Al ciudadano se le pide ahorrar mientras llegan proyectos de enorme consumo energético
Durante años se ha trasladado a los hogares la necesidad de reducir el consumo energético, mejorar la eficiencia de las viviendas, cambiar hábitos y asumir inversiones para avanzar hacia la descarbonización.
La normativa europea de edificios, por ejemplo, obliga a los Estados a reducir progresivamente el consumo energético del parque residencial y persigue alcanzar un parque inmobiliario de cero emisiones en 2050.
La necesidad de avanzar hacia una sociedad más eficiente energéticamente es indiscutible. Pero esa exigencia debe aplicarse con la misma intensidad, o mayor, a quienes introducen enormes consumos nuevos en el sistema.
Porque mientras se pide a millones de familias que reduzcan su consumo, el propio Gobierno reconoce que los centros de datos pueden incorporar una demanda eléctrica extraordinaria.
Solo los permisos ya concedidos representan más de 6 GW en transporte y alrededor de otros 6 GW en distribución, cuando las estimaciones para 2030 contemplaban entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Para hacerse una idea de la magnitud, si esos aproximadamente 12 GW llegaran a utilizarse de forma continua, en un solo mes consumirían unos 8.640 GWh de electricidad, una cantidad equivalente al consumo mensual de alrededor de 47 millones de hogares medios. No significa que los centros de datos estén consumiendo actualmente toda esa energía, sino que sirve para dimensionar la enorme capacidad eléctrica que ya tienen concedida.
Esta cuestión resulta especialmente preocupante en un país donde la pobreza energética sigue afectando a numerosos hogares, que tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada o afrontar sus facturas. La expansión de centros de datos financiados por grandes operadores tecnológicos, empresas especializadas y fondos de inversión no puede traducirse en mayores costes para quienes ya tienen dificultades para cubrir necesidades energéticas básicas.
ADICAE lleva años defendiendo la energía como suministro esencial y reclamando protección frente a la pobreza energética.
Y el propio Gobierno admite que podría afectar al precio de la luz
La propia Memoria del proyecto reconoce que estos centros introducen consumos fundamentalmente adicionales y poco flexibles y que, sin medidas específicas, pueden aumentar las necesidades de generación y provocar un mayor uso del gas como tecnología marginal, derivando en mayores precios eléctricos para el conjunto de consumidores.
El Gobierno propone evitarlo obligando a los centros afectados a cubrir buena parte de su demanda con nueva generación renovable y estableciendo recargos por incumplimiento.
ADICAE valora estas medidas, pero exige algo más sencillo: el consumidor no debe pagar ni siquiera indirectamente el crecimiento de esta industria, ni salir perjudicado por ello.
Ni mediante una electricidad más cara, ni mediante mayores peajes, ni mediante impuestos destinados a sufragar las infraestructuras que necesiten estos proyectos, ni mediante problemas futuros que puedan ocasionar a causa de un exceso de consumo.
Después del apagón, la capacidad de la red importa más que nunca
España sufrió en abril de 2025 el mayor apagón de su historia reciente. Las investigaciones posteriores identificaron distintas vulnerabilidades y problemas de estabilidad y control de tensión, y desde entonces se han introducido medidas para reforzar la seguridad del sistema.
Precisamente por eso resulta especialmente importante analizar cualquier nueva demanda masiva de electricidad.
El propio proyecto reconoce que el volumen solicitado por los centros de datos podría obligar a dedicar una parte importante de los esfuerzos económicos de la planificación eléctrica a reforzar las redes necesarias para atender estas instalaciones.
¿Quién pagará esas nuevas líneas, subestaciones y refuerzos?
Para ADICAE, la respuesta debe quedar perfectamente delimitada: si una actividad empresarial necesita infraestructuras extraordinarias para desarrollar su negocio, su coste no puede terminar repartido entre millones de consumidores ni ser sufragado por dinero público. Quienes recibirán los beneficios deben ser quienes sufraguen todos esos costes.
Y tampoco trasladarse después a los Presupuestos Generales, subvenciones o incentivos fiscales que finalmente sufragan los ciudadanos con sus impuestos.
¿Y qué ocurre con el agua cuando llegue la próxima sequía?
La contradicción no termina en la electricidad.
España tiene mecanismos permanentes de seguimiento de la sequía y la escasez hídrica, precisamente porque la disponibilidad de agua constituye un problema estructural que requiere planificación.
Al mismo tiempo estamos promoviendo la instalación de grandes centros de datos, algunas de cuyas tecnologías de refrigeración pueden requerir importantes recursos hídricos.
El proyecto exige criterios de eficiencia en el uso del agua y contempla publicar información sobre la huella hídrica.
Pero ser eficiente no significa consumir poco.
Una instalación gigantesca puede ser muy eficiente por unidad de cálculo y seguir utilizando enormes cantidades de agua.
Por eso ADICAE reclama conocer el consumo absoluto, su procedencia y, especialmente, qué ocurrirá en periodos de sequía.
Porque resultaría difícil explicar a los ciudadanos restricciones y campañas para reducir su consumo de agua e incluso aumento en las facturas mientras grandes instalaciones tecnológicas mantienen demandas extraordinarias sin una transparencia equivalente.
No queremos pagar dos veces
El Gobierno asegura que los recargos previstos para los centros que incumplan sus obligaciones contribuirán a evitar que esos costes recaigan sobre el resto de consumidores.
Es positivo, pero no suficiente.
Desde ADICAE reclamamos que cada gran proyecto haga públicos su consumo real de electricidad y agua, las infraestructuras de red que necesita, las ayudas y beneficios fiscales recibidos, el empleo estable creado y la parte de las inversiones que finalmente soporta el sector público.
Porque el debate no puede reducirse a cuántos miles de millones anuncia una multinacional que va a invertir.
La pregunta es cuánto aporta realmente y cuánto termina poniendo la sociedad para que esa inversión sea posible.
ADICAE: quien se beneficia del impacto debe asumir sus costes
La transición energética exige esfuerzos a toda la sociedad. Los consumidores lo saben bien: eficiencia energética, rehabilitación de viviendas, cambios de hábitos, ahorro de electricidad y uso responsable del agua.
Pero la responsabilidad debe ser proporcional.
No tendría sentido exigir cada vez mayores esfuerzos económicos y ambientales a millones de hogares mientras se socializan los costes energéticos, hidráulicos o de infraestructura de algunos de los mayores consumidores del país.
España puede desarrollar inteligencia artificial y centros de datos. Pero no a cualquier precio.
Desde ADICAE defendemos un principio sencillo:
quien consume extraordinariamente, quien necesita nuevas infraestructuras y quien obtiene el beneficio económico debe asumir también los costes que genera.
Ni en nuestra factura de la luz.
Ni en nuestra factura del agua.
Ni en nuestros impuestos.
