Pese a las previsiones positivas de crecimiento económico, millones de hogares continúan soportando el encarecimiento acumulado de los productos esenciales, las dificultades de acceso a la vivienda y la pérdida de la capacidad de ahorro.
ADICAE advierte de que el crecimiento económico no siempre se traduce en una mejora real del bienestar de los ciudadanos y reclama una mayor protección del poder adquisitivo, el ahorro y los derechos de los consumidores.
La inflación se mantiene elevada y sus efectos se acumulan
La inflación continúa siendo uno de los principales problemas económicos para los consumidores españoles. Según el indicador adelantado, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en octubre de 2026 en el 4,9%, mientras que la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se situó en el 3,1%.
Estas cifras reflejan que las presiones sobre los precios siguen presentes y que el coste de la vida continúa aumentando, a pesar de la moderación experimentada respecto a los máximos alcanzados en años anteriores.
En julio de 2022, la inflación llegó a situarse en el 10,8 %. Aunque posteriormente se redujo, la moderación de la inflación no significa que los precios hayan bajado, sino que, en términos generales, continúan aumentando a un ritmo diferente.
Esta distinción es fundamental para comprender la situación de los consumidores: el verdadero problema no reside únicamente en cuánto se encarecen los productos cada mes o cada año, sino en la acumulación de incrementos que han sufrido bienes y servicios esenciales durante los últimos ejercicios.
La alimentación, la energía, los suministros del hogar, el transporte y numerosos servicios cotidianos absorben una parte considerable del presupuesto familiar. Por ello, incluso cuando los ingresos aumentan, esa mejora puede resultar insuficiente para compensar el encarecimiento acumulado del coste de la vida.
A esta situación se añaden las tensiones geopolíticas, los conflictos internacionales y la volatilidad de los mercados energéticos, cuyos efectos se trasladan a los costes de producción, transporte y distribución y terminan repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.
Además, la inflación no afecta a todos los hogares por igual: las familias con menores ingresos son especialmente vulnerables, ya que destinan una mayor proporción de sus recursos a satisfacer necesidades básicas y disponen de menos margen para afrontar nuevas subidas de precios.
El crecimiento económico no garantiza el bienestar de las familias
La economía española mantiene cifras positivas de crecimiento. Las últimas proyecciones del Banco de España prevén un aumento del Producto Interior Bruto del 2,6% en 2026.
Sin embargo, el crecimiento del PIB no garantiza, por sí solo, una mejora proporcional del nivel de vida de los ciudadanos. El PIB mide la actividad económica, pero no cuánto dinero le queda a una familia después de pagar el alquiler, la alimentación, los suministros o la hipoteca.
Es perfectamente posible que la economía registre tasas positivas de crecimiento mientras una parte de la población continúa teniendo problemas para llegar a final de mes o no tiene capacidad suficiente para ahorrar y afrontar imprevistos.
Además, los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera uniforme entre los distintos sectores productivos, empresas y hogares. Por ello, es imprescindible analizar no solo cuánto crece la economía, sino también cómo se reparte ese crecimiento y en qué medida contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población.
Para ADICAE, el poder adquisitivo de los consumidores, su capacidad de ahorro y su seguridad económica deben ocupar un lugar central a la hora de valorar la evolución de la economía española.
Una economía no puede considerarse plenamente favorable para los ciudadanos si sus principales indicadores avanzan mientras una parte significativa de las familias continúa viendo limitado su acceso a bienes y servicios esenciales.
Vivienda, ahorro y endeudamiento: tres consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo
El encarecimiento de la vivienda constituye uno de los principales obstáculos para la estabilidad económica de los hogares.
Según el INE, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando el 12,9% en el caso de la vivienda de segunda mano.
Estos incrementos, unidos a los elevados precios del alquiler y a las condiciones de financiación hipotecaria, dificultan cada vez más el acceso a una vivienda, especialmente para jóvenes y familias con ingresos medios y bajos.
ADICAE insiste en que la vivienda no puede considerarse únicamente un activo de inversión, sino una necesidad básica y un elemento esencial para la estabilidad económica y social de las familias.
Otro efecto preocupante de la inflación es la reducción de la capacidad de ahorro. Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los gastos, los consumidores se ven obligados a reducir determinados consumos, aplazar compras o recurrir a sus ahorros.
Además, mantener el dinero en productos de escasa remuneración puede provocar una pérdida de valor real si su rentabilidad es inferior a la inflación.
Pero existe un riesgo todavía mayor: que las familias comiencen a utilizar habitualmente tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos rápidos o sistemas de pago aplazado para financiar sus gastos cotidianos.
El problema aparece cuando el crédito deja de utilizarse para una necesidad puntual y empieza a convertirse en un recurso habitual para compensar la insuficiencia de ingresos. En estas circunstancias, una dificultad económica temporal puede transformarse en una situación de endeudamiento persistente o incluso de sobreendeudamiento.
ADICAE reclama que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y protección real de los consumidores
Ante este escenario, ADICAE considera imprescindible reforzar la protección de los consumidores y garantizar que los avances económicos y financieros se traduzcan también en una mejora efectiva de sus condiciones de vida.
No basta con que crezca la economía: es necesario que ese crecimiento se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo, la capacidad de ahorro y la calidad de vida de las familias.
Para ADICAE, el objetivo debe ser avanzar hacia una economía que permita a los ciudadanos vivir con dignidad, afrontar sus gastos esenciales, acceder a una vivienda y consumir sin quedar expuestos al endeudamiento excesivo o a prácticas abusivas.
Una economía verdaderamente favorable para los consumidores debe medirse también por su capacidad para garantizar bienestar, seguridad económica y una distribución equilibrada de los beneficios del crecimiento.
