La asociación, que reunió a expertos, representantes institucionales y consumidores para analizar los grandes desafíos económicos y sociales de España y Europa, plantea nuevas iniciativas para defender los derechos de la ciudadanía.
La inflación persistente, las crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna y la acelerada transformación digital de los servicios financieros están modificando profundamente las condiciones de vida de millones de consumidores. Aunque la economía española muestra indicadores positivos de crecimiento, esta evolución no siempre se traduce en una mejora del bienestar de las familias, que continúan soportando el encarecimiento de los productos básicos, la presión de los gastos de vivienda y nuevos riesgos derivados de la digitalización.
Estas fueron algunas de las principales cuestiones abordadas en la jornada “Digitalización, vivienda e inflación: los grandes retos de los consumidores en España y en Europa”, organizada por ADICAE el pasado 27 de octubre en Zaragoza, con participación presencial y conexiones desde distintas sedes de la asociación en España.
El encuentro, que reunió a especialistas en economía, consumo y derecho, periodistas, representantes institucionales y consumidores, permitió analizar las consecuencias de estos tres grandes problemas y, especialmente, plantear alternativas desde la perspectiva de la defensa colectiva de los derechos de los consumidores.
La inflación sigue castigando los presupuestos familiares: ADICAE propone un Observatorio de Precios
Uno de los principales mensajes de la jornada fue que la moderación de la inflación no significa que los precios vuelvan a sus niveles anteriores. Tras varios años de encarecimiento de los bienes y servicios esenciales, numerosas familias han visto reducida su capacidad de compra y ahorro, mientras que las mejoras salariales no siempre han compensado el incremento acumulado del coste de la vida.
Durante la apertura, el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, defendió la necesidad de que los consumidores pasen de soportar individualmente las subidas de precios a organizar una respuesta colectiva capaz de influir en el comportamiento de las empresas y los mercados.
En este sentido, anunció la propuesta de crear un Observatorio de Precios de ADICAE, destinado a realizar un seguimiento de la evolución de los precios, detectar prácticas comerciales perjudiciales y promover actuaciones colectivas para combatir incrementos injustificados y exigir reducciones cuando las condiciones económicas lo permitan.
La economista Itsaso Apezteguia puso de manifiesto la distancia existente entre los grandes indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de los hogares. El crecimiento del PIB no refleja necesariamente las dificultades que afrontan las familias después de pagar el alquiler, la hipoteca, los suministros y la alimentación.
Por su parte, el periodista económico José María Camarero abordó las causas internacionales y estructurales del encarecimiento de la vida y advirtió de sus consecuencias sobre el poder adquisitivo, insistiendo en la importancia de explicar la economía desde los problemas reales de los ciudadanos.
Frente a este escenario, José Enrique Escolano, técnico de ADICAE, expuso distintas fórmulas para fortalecer la capacidad de respuesta de los consumidores mediante la comparación conjunta de precios, las compras colectivas, la negociación de mejores condiciones y la reclamación organizada frente a prácticas comerciales perjudiciales.
La vivienda debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un derecho efectivo
La crisis de acceso a la vivienda ocupó otro lugar central en los debates. El encarecimiento de la compraventa, las dificultades para asumir los alquileres y el peso de las hipotecas sobre los presupuestos familiares están convirtiendo la vivienda en uno de los principales factores de desigualdad económica y social.
ADICAE defendió la necesidad de abordar este problema más allá de las medidas coyunturales, mediante reformas estructurales que garanticen un acceso asequible y estable a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con menos recursos.
Manuel Pardos recordó la trayectoria de la asociación en la defensa de los afectados por cláusulas suelo, abusos hipotecarios y ejecuciones hipotecarias, y planteó la necesidad de abrir una nueva etapa de actuación en materia de alquiler.
Entre las propuestas expuestas destacó la posibilidad de impulsar espacios de diálogo entre consumidores inquilinos y pequeños arrendadores, favoreciendo la resolución extrajudicial de conflictos y la búsqueda de soluciones equilibradas.
La asociación también expresó su preocupación por la actuación de determinados fondos de inversión en el mercado inmobiliario y defendió que las relaciones entre consumidores y empresas arrendadoras deben contar con las garantías de protección que correspondan legalmente.
Las intervenciones coincidieron en que la vivienda no puede entenderse exclusivamente como un activo financiero o de inversión, sino como una necesidad básica cuya inaccesibilidad compromete la emancipación juvenil, la estabilidad de las familias y la cohesión social.
Digitalización financiera: más tecnología no puede significar menos derechos
La digitalización ha permitido agilizar operaciones y facilitar el acceso a determinados servicios, pero también ha generado nuevas situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando desaparecen oficinas, se reduce la atención presencial o se obliga a los consumidores a utilizar herramientas que no siempre conocen o comprenden.
Durante las intervenciones, Javier Blancas, analizó la evolución de los servicios financieros y las dificultades que plantea su creciente digitalización, especialmente en materia de transparencia, contratación y acceso al crédito.
Por su parte, Mario Díez, investigador jurídico de la Universidad de Zaragoza, abordó los riesgos asociados a la utilización de sistemas automatizados e inteligencia artificial en las relaciones financieras, destacando la necesidad de garantizar que las decisiones que afectan a los consumidores sean comprensibles y puedan cuestionarse.
Los participantes también advirtieron del crecimiento de los riesgos de ciberdelincuencia, las estafas mediante suplantación de identidad, el uso de datos personales y las dificultades que encuentran los consumidores para identificar a los operadores financieros que actúan a través de internet.
ADICAE insistió en que la transformación digital debe ir acompañada de educación financiera, transparencia efectiva, mecanismos de reclamación accesibles y garantías de atención para todas las personas, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos.
La asociación defendió que el progreso tecnológico debe estar al servicio de los ciudadanos y no convertirse en una nueva barrera de acceso a los servicios esenciales.
Los consumidores más vulnerables sufren con mayor intensidad estos problemas
La jornada también abordó cómo el encarecimiento de la vida, las dificultades de vivienda y la transformación digital afectan de manera desigual a la población.
Inmaculada de Francisco, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, puso especial atención en la situación de las mujeres, que continúan soportando desigualdades salariales, mayores responsabilidades de cuidados y dificultades específicas para alcanzar la autonomía económica.
Su intervención destacó especialmente la situación de las mujeres que viven solas, las residentes en entornos rurales, las migrantes, las personas con discapacidad y las víctimas de violencia de género, para quienes la independencia económica constituye un elemento fundamental de igualdad y protección.
La protección de los consumidores, el acceso a la vivienda y la igualdad de oportunidades fueron señalados como objetivos estrechamente vinculados, que requieren una respuesta coordinada de las administraciones y las organizaciones sociales.
ADICAE reivindica la participación y la organización colectiva como respuesta a los grandes retos del consumo
Más allá del diagnóstico económico y social, la jornada puso de manifiesto la necesidad de reforzar el protagonismo de los consumidores en las decisiones que afectan a su vida cotidiana.
La transparencia empresarial, la educación financiera y la mejora de la regulación son elementos imprescindibles, pero deben acompañarse de una participación real de las organizaciones de consumidores y de instrumentos eficaces para actuar frente a los abusos.
ADICAE reivindicó su experiencia histórica en la defensa colectiva frente a las cláusulas suelo, las participaciones preferentes y otros abusos financieros como ejemplo de la capacidad de la organización ciudadana para conseguir cambios efectivos.
La participación de asistentes presenciales y conectados desde diferentes puntos de España permitió incorporar inquietudes, preguntas y propuestas que enriquecieron el debate y que servirán para continuar desarrollando nuevas líneas de actuación.
La jornada dejó un mensaje central: frente a la inflación, la crisis de vivienda y la digitalización financiera, los consumidores no pueden limitarse a adaptarse individualmente a unas condiciones cada vez más complejas. Deben contar con información, derechos efectivos y capacidad de organización colectiva para exigir mercados más justos, transparentes y accesibles.
ADICAE continuará impulsando el debate, la formación y la movilización de los consumidores para que el crecimiento económico, la innovación tecnológica y las transformaciones del mercado se traduzcan en mejoras reales de las condiciones de vida de toda la ciudadanía.
