Quizás te suenen de tanto escucharlo en medios de comunicación: estrecho de Ormuz, Bab el Manded, hutíes, oleoducto este-oeste. Pero además de sonarte también te afecta como consumidor en un consumo tan globalizado.
La escalada de las tensiones geopolíticas internacionales está provocando una nueva perturbación en los mercados energéticos con una incidencia directa sobre el precio de la gasolina y el gasóleo. Desde ADICAE reclamamos que las medidas de protección sean suficientes, eficaces y se trasladen íntegramente al precio final abonado por los ciudadanos.
Las tensiones en Oriente Próximo, las dificultades que afectan al tráfico energético a través del estrecho de Ormuz, con la reciente toma de Bab el Manded y la persistencia de otros conflictos internacionales están provocando una situación de elevada volatilidad en los mercados del petróleo y de los productos derivados.
La repercusión sobre los consumidores españoles resulta especialmente significativa, ya que cualquier incremento en el precio de los carburantes tiene un impacto directo sobre la economía de los hogares.
El coste de llenar el depósito aumenta y reduce la renta disponible de las familias, afectando especialmente a quienes necesitan utilizar el vehículo de forma habitual para desplazarse al trabajo, estudiar, acudir a servicios básicos o atender sus necesidades cotidianas. Además, el encarecimiento de los carburantes no se limita al propio repostaje, sino que puede trasladarse al precio de numerosos bienes y servicios al aumentar los costes de transporte y distribución. Por tanto, las variaciones en el precio de los carburantes pueden terminar repercutiendo de forma generalizada en el bolsillo de los consumidores, especialmente en los hogares con menor capacidad económica.
En este contexto, el incremento de los precios internacionales termina trasladándose, con mayor o menor intensidad y con cierto desfase temporal, al precio que los consumidores encuentran en las estaciones de servicio.
Los últimos datos disponibles muestran la magnitud del problema. En septiembre de 2026, la inflación española alcanzó el 4,9 % interanual, mientras que el gasóleo registró un incremento interanual del 30,3 % y la gasolina del 16,9 %, convirtiéndose los carburantes en uno de los principales factores de presión sobre el índice de precios.
Asimismo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, durante septiembre los precios de los carburantes continuaron sometidos a una elevada presión, especialmente en el caso del gasóleo, en un contexto de fuerte volatilidad internacional. La propia Comisión Europea ha advertido de que los precios del diésel se mantienen en niveles elevados debido a las tensiones existentes en los mercados mundiales de productos petrolíferos, pese a que el suministro en la Unión Europea continúa siendo estable.
El Ejecutivo español ha aprobado durante 2026 diferentes medidas extraordinarias destinadas a limitar el impacto de la crisis energética.
El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, estableció una reducción temporal de la fiscalidad de los carburantes mediante la modificación de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos. Inicialmente, la reducción para los hogares se estableció en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, Además, la norma contemplaba la posibilidad de ampliar automáticamente esta reducción si los precios de los carburantes y la inflación superaban determinados niveles. En la práctica, la medida buscaba evitar que el encarecimiento de la gasolina y el gasóleo se trasladara íntegramente al bolsillo de los consumidores.
¿Pero qué ocurrirá a partir de octubre? Finalmente, el Gobierno ha decidido prorrogar la reducción de la fiscalidad de los carburantes durante el último trimestre de 2026. El Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, establece una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos equivalente a 20 céntimos por litro durante octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, tanto para la gasolina sin plomo como para el gasóleo. De este modo, el Ejecutivo da marcha atrás en la retirada total que inicialmente estaba prevista para octubre y mantiene el apoyo ante la persistencia de unos precios elevados de los carburantes.
Además, la norma incorpora nuevamente un mecanismo de salvaguarda ligado a la evolución de los precios. Si en septiembre la variación interanual del IPC de la gasolina o del gasóleo supera el 15 %, la rebaja fiscal será de 20 céntimos por litro en noviembre y 13 céntimos en diciembre. Asimismo, si ese incremento superior al 15 % se produce en octubre, la reducción aplicable en diciembre podrá elevarse de nuevo hasta los 20 céntimos por litro. Con ello, el Gobierno pretende que el apoyo fiscal pueda intensificarse automáticamente si vuelve a producirse un fuerte encarecimiento de los carburantes.
Un aumento sostenido de los precios de los carburantes puede terminar repercutiendo en el precio de otros bienes y servicios, ya que el transporte forma parte de los costes de producción, distribución y comercialización de numerosos productos. Esto puede afectar especialmente a los hogares con menores ingresos, que disponen de menos margen para absorber nuevas subidas de precios.
Por tanto, lo que está en juego no es únicamente cuánto costará llenar el depósito, sino cómo evolucionarán los gastos cotidianos de las familias y cuánto de su presupuesto tendrán que destinar a movilidad, alimentación, compras y otros bienes y servicios. La evolución internacional de los precios de la energía marcará en buena medida el impacto que estas subidas puedan tener sobre el poder adquisitivo de los consumidores.
Para ADICAE, uno de los elementos esenciales de cualquier intervención pública debería ser garantizar la efectiva traslación de las reducciones fiscales al precio final.
Una reducción tributaria no produce necesariamente, por sí sola, una disminución equivalente del precio abonado por el consumidor. El precio final está condicionado por diferentes componentes de la cadena de comercialización.
Precisamente por ello, el Real Decreto-ley 18/2026 reforzó las obligaciones de información y supervisión sobre los operadores y atribuyó a la CNMC funciones específicas de seguimiento de los márgenes de distribución.
Una vigilancia que, a juicio de ADICAE, debe servir para comprobar que las medidas adoptadas cumplen realmente su finalidad y detectar posibles desviaciones.
Los hogares necesitan algo más que medidas temporales para afrontar una subida de precios: necesitan transparencia, estabilidad y garantías de que las decisiones adoptadas para proteger su economía cumplen su cometido. Si se movilizan recursos públicos para contener el coste de los carburantes, debe poder comprobarse cuál es su impacto y quién está soportando finalmente el coste de las subidas.
Desde ADICAE reclamamos, por tanto, mayor control sobre la evolución de precios y márgenes y una información clara y accesible para los consumidores. Porque cuando llenar el depósito, desplazarse al trabajo o hacer la compra supone cada vez una mayor parte del presupuesto familiar, cualquier medida de apoyo debe notarse donde realmente importa: en la economía cotidiana de los hogares.
