El vicepresidente primero y ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno reactivará en septiembre la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. La iniciativa lleva bloqueada más de cuatro años, postergada primero por la convocatoria anticipada de elecciones en julio de 2023 y luego por el bloqueo parlamentario que se sucede desde entonces.
Este organismo funcionará como una ventanilla única para resolver reclamaciones contra bancos, aseguradoras y empresas de inversión. Asumirá competencias que actualmente corresponden al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros (DGSFP). Sus decisiones serán vinculantes para reclamaciones inferiores a 20.000 euros y deberán emitirse en menos de 90 días. De este modo, se evitará que los clientes tengan que acudir a los tribunales. Para asuntos que impliquen cantidades superiores, podrá realizar informes periciales.
Entre las cuestiones a dirimir por este organismo, posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas o la abusividad de las cláusulas en contratos financieros. El año pasado, el Banco de España recibió 30.970 reclamaciones, de acuerdo con los datos recogidos hace escasos días en su Memoria de Reclamaciones 2025. Destaca especialmente un crecimiento del 18,5% en relación con los fraudes bancarios.
Impulso a la tramitación parlamentaria
El Ministerio de Economía buscará avanzar en la tramitación parlamentaria de esta norma y la llevará a la Comisión de Economía del Congreso en septiembre. Un paso previo antes de su aprobación definitiva por el Pleno de la Cámara Baja. La ley que creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero deberá enfrentarse a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Un hecho que ya ha impedido la ratificación de otras leyes.
Desde ADICAE, venimos reivindicando desde hace años la tramitación definitiva de esta ley, largamente esperada por los consumidores y que puede convertirse en una herramienta decisiva para corregir el desequilibrio histórico entre la banca y sus clientes. Tras años de bloqueo, su puesta en marcha es imprescindible para ofrecer una respuesta ágil y eficaz a miles de reclamaciones que se eternizan entre servicios de atención al cliente, supervisores y juzgados.
No obstante, esta Autoridad no puede quedarse en una mera ventanilla administrativa ni en un compromiso político sin capacidad real de protección. Es fundamental que disponga de independencia efectiva, medios suficientes y resoluciones vinculantes que realmente obliguen a las entidades a reparar los daños causados. Los derechos de los usuarios financieros en España no pueden seguir subordinados a las resistencias del sector bancario ni al bloqueo político.
